Ser activista, un trabajo muy peligroso

Ser activista, un trabajo muy peligroso se publicó originalmente en Revista Diners de 2013

En los últimos años, el gobierno brasileño ha tomado una serie de medidas para proteger a pequeños granjeros y ambientalistas que están arriesgando sus vidas en el Amazonas. En mayo, una pareja de activistas murió en una emboscada en Pará, un estado en el norte del Brasil.

Se trataba de dos defensores de la selva amazónica, José Claudio Ribeiro y María do Espírito Santo, que se dedicaban a promover la recolección sostenible de castañas y otros productos de la selva. Ya en enero, el líder del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra, Cícero Guedes, había sido asesinado en una plantación de azúcar al sur del estado de Río de Janeiro.

Activista en la selva

Infortunadamente no es un ejemplo aislado. Celso Rodrigues, indígena guaraní de 42 años, cayó también el 21 de junio pasado a manos de dos hombres, al parecer, contratados por los ganaderos que ocupan el territorio de la comunidad de Paraguassú, de acuerdo con la organización Survival International.

Asimismo, una de las sedes de la Comisión Pastoral de Tierra (CPT), también en Brasil, fue saqueada por séptima vez en dos años. “La batalla por la tenencia de la tierra es muy violenta”, afirma Fiona Watson, directora de Survival International.

“No podemos olvidar que las tierras que pertenecen a las comunidades indígenas son ricas en recursos, especialmente las menas de metal”.

De acuerdo con un censo realizado este año por la ONG Global Witness, dos personas mueren en promedio cada día por el trabajo que hacen en función del medio ambiente. Activistas ambientales y representantes de comunidades indígenas por igual son perseguidos por organizaciones paramilitares, milicias privadas e incluso por la fuerza pública.

Aunque es difícil dar con el número exacto, se cree que este se ha duplicado desde el año 2000.

A merced de las milicias privadas

“Las personas que defienden su derecho a la tierra contra los grandes proyectos agrícolas o industriales están sometidas a grandes presiones”, explica Gerald Staberock, director de la Organización Mundial contra la Tortura. “Estos activistas trabajan a menudo en zonas rurales y regiones aisladas, lo que los hace mucho más vulnerables –continúa–.

Están a merced de milicias privadas pagadas por los grandes consorcios. Y el Estado, que se supone debería protegerlos, a menudo está infiltrado y corrompido por los mismos grupos”.

En su reporte anual de 2013, Amnistía Internacional afirma que estos “guardianes de la Tierra” están en peligro en todas partes del mundo –en Camboya, India, Costa Rica, Indonesia, México, Honduras, Filipinas, Tailandia y Camerún, por nombrar apenas algunos lugares–.

De hecho, en lo que respecta a nuestro continente, después de Brasil, Perú y Colombia son los países con más amenazas a sus líderes ambientales, como lo ha denunciado también recientemente la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam).

¿Los gobiernos protegen a los activistas?

Por supuesto, el contexto político es distinto en cada país, pero el motivo detrás de estos asesinatos es casi siempre el mismo. “En algunos casos, los gobiernos que deben proteger a la gente han preferido despojarlos de sus tierras en el nombre del Estado para arrendárselas a otras personas”, concluye Amnistía Internacional.

Colombia no es la excepción. Allí, la minería ha sido uno de los recientes detonantes de amenazas contra los defensores del territorio. Basta recordar el asesinato en septiembre de 2011 de José Reinel Restrepo, cura párroco de Marmato, en el departamento de Caldas, por defender y acompañar a su comunidad en contra de la explotación minera en su tierra por parte de compañías multinacionales.

La Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible (Asocars) denunció crecientes amenazas a sus funcionarios en muchas de las 33 sedes que tiene en su país, y en particular la destrucción de la de Corponor, en Catatumbo, por sus recientes disturbios.

Amenazas que no terminan para los activistas

De acuerdo con las ONG, el procedimiento es casi siempre el mismo en todas partes del mundo. “Mandan amenazas de muerte a los líderes y localizan a sus hijos. Si no es suficiente, entonces los eliminan”, asegura un oficial de Amnistía Internacional.

La amarga lucha por estas tierras y sus recursos no es nueva, pero está empeorando, asegura Pascal Hunting, director de Greenpeace International. “En Malasia, los niveles de crimen son cada vez más altos en el sector de la silvicultura”, dice. “La mayoría de la madera en el mercado es ilegal. Necesitamos ser más agresivos para luchar contra este aumento en la violencia”.

Greenpeace –cuyas campañas contra la energía nuclear, la pesca de ciertas especies y el tráfico de maderas están particularmente centralizadas– ha hecho más riguroso el entrenamiento de sus activistas “para tener la capacidad de asegurar el bienestar físico y mental de nuestros miembros en áreas rurales”.

Ataque al activismo verde

La criminalización de estos movimientos verdes es cada vez más común. En Rusia, los ambientalistas son sometidos a redadas e interrogatorios. Una ley, aprobada en 2012, obliga a las ONG que reciben financiación extranjera a registrarse como “agentes extranjeros”, un término que, al asociarse en el imaginario popular con “espía”, las desacredita ante la opinión pública. Hasta el momento, ninguna de las organizaciones ha cumplido con el requisito, pese a las altas multas a las que se ponen en riesgo.

Y es que para los trabajadores a favor del medio ambiente la violencia no solo pasa por las amenazas, si bien es un buen síntoma de las tensiones que se están viviendo en el dilema del desarrollo de los países emergentes frente a la conservación del medio ambiente.

También tienen que ver, como lo señala el comunicado de las Corporaciones Autónomas Regionales de Colombia. Las empresas privadas hacen denuncias disciplinarias, penales y fiscales para entorpecer las investigaciones de control ambiental que se les adelantan, como:

“estrategia para deslegitimar a la corporación, inclusive antes de culminar los procesos sancionatorios”.

Y así pasa en todo el mundo. La fórmula funciona porque la purga, ciertamente, está sucediendo. Después de que la policía convirtiera en objetivo a los defensores de los derechos humanos. Ahora les ha llegado el turno a los ambientalistas de convertirse en sospechosos altamente vigilados.

* Periodista de www.worldcrunch.com

También le puede interesar: 4 ideas ingeniosas para reutilizar objetos cotidianos