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"La Constitución Política de Colombia es un nudo de contradicciones"

De cara a las elecciones, recuperamos este artículo que anunciaba las debilidades que tendría nuestra nueva carta política.

Foto: Danieland (CC BY-SA 3.0)

De cara a las elecciones, recuperamos este artículo que anunciaba las debilidades que tendría nuestra nueva carta política.

La Constitución Política de Colombia proclama la república unitaria, pero la rompe. Le confiere al presidente el manejo del orden público, pero merma su poder. Predica la supremacía del derecho internacional, pero prohíbe la extradición. En fin…

El 4 de julio de 1991 el país vio nacer la Constitución, exaltada por sus iniciadores como la “carta de navegación” que nos llevará al siglo XXI, mientras la mayoría de los comentaristas se detienen en lo farragoso del texto, lo prolijo de su reglamentismo, lo frecuente de sus anfibologías, la febril improvisación y lo pedestre de su redacción.

Nuestro propósito, después de 31 años de lecturas de la Constitución Política de Colombia, será analizar sus principios con el fin de poner en evidencia esas contradicciones de la obra, en la que cada delegatario puso su grano de arena

La verdadera Constitución Política de Colombia

Lo primero, y más interesante de Constitución de 1991 es su modestia. Los padres de esta Constitución no han querido hacer una obra perdurable y por eso instalaron varios mecanismos para su frecuente reforma.

El Congreso la puede enmendar rapidito, en un año, por su iniciativa, o por solicitud del 20 % de los concejales o diputados, o del 5 % del censo electoral. Pero si esa celeridad no basta, la cosa se hace por una ley, que se somete a referendo para que el pueblo decida si se convoca a una Asamblea Constituyente.

Pero también el Gobierno o los ciudadanos, puede pedir al Congreso que determinados textos se sometan al referendo.

Además la Constitución puede reformarse por plebiscito, pero la cosa es más confusa porque este no fue definido en la Carta, dejándose a la ley ese detalle.

¿Populismo como filosofía?

De entrada, la Constitución, inequívocamente, consagra el populismo como filosofía, mediante una “democracia de participación” que da ocasión al electorado para ejercer su soberanía mediante el “voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa, la revocatoria del mandato”.

Los mecanismos anteriores, esenciales para el funcionamiento de la Constitución, no alcanzaron a ser definidos en 380 artículos, que tratan hasta de regalías, contabilidades y medicina legal.

Esa es otra de las características de la Carta: inseguros de su sapiencia, los constituyentes dejaron a la ley la reglamentación de 251 artículos.

Nadie sabe si rige la legislación anterior o si está automáticamente sustituida por los artículos nuevos, o si hay que esperar a que el Congreso dicte 251 estatutos improvisados para llenar los vacíos. El tema se resolvió a golpes de jurisprudencia de la Corte Constitucional, pero alarma por lo que indica en materia de inseguridad y mutabilidad de las reglas de juego.

¿Qué pasó con el marco jurídico?

Para lograr el crecimiento de una economía se requiere un marco jurídico adecuado. El anterior fue excepcionalmente exitoso, sobre todo durante los años del Frente Nacional, en los cuales hubo expansión y libertad. Ese esquema, excesivamente tolerante, permitió hasta el indulto y posterior elección de políticos sin experiencia, contradiciendo todas las monsergas sobre “el Estado represivo”.

La única razón para cambiarlo sería la necesidad de un instrumento más idóneo para acelerar el desarrollo y poder obtener los recursos para el cumplimiento de las metas sociales de la Carta del 91:

Enseñanza universal, gratuita y obligatoria, por nueve años.

Seguridad social integral

Vivienda digna para todos

Subsidios alimentarios para los niños

Salario ”vital y móvil”

Servicios públicos subsidiados

Elecciones frecuentísimas pagadas por el Estado, etc.

Los recursos nacionales son insuficientes para atender la magnitud de las inversiones requeridas.

¿Ya existe la expropiación de tierras?

Si queremos atraer capitales extranjeros, especialmente para la minería y la industria pesada, tenemos ahora que competir con los países ex comunistas, ofreciendo un clima propicio a la inversión.

Pero mientras en el resto del mundo se rodea de garantías al derecho de propiedad, aquí se acaba de repetir que es una función social, expropiable por la vía administrativa, por razones de equidad y sin indemnización. La norma no es anodina y sus posibles analogías con la legislación de Alemania no tranquilizan a nadie.

La Constitución Política de Colombia recalca que es obligación del Presidente mantener el orden público, pero a continuación desmembra su poder:

Se refuerza la autonomía de los alcaldes.

Se elige a los gobernadores.

Los territorios nacionales, que son los más afectados por la subversión, se erigen en departamentos.

Vastísimas extensiones del país se convierten en territorios indígenas autónomos.

Vea también: Enamorarse sin querer, con miedo y de todas formas, entregarlo todo

La famosa moción de censura

Para acabar de angustiar al Presidente, se establece la moción de censura y se le quitan los antiguos 28 y 121 sobre el estado de sitio. Este último es sustituido por unos complicados “estados de excepción”, limitados en el tiempo y diseñados para que el gobernante no pueda conjurar la crisis dura más que el correspondiente estado de excepción.

La misma Constitución Política de Colombia, que prohíbe toda discriminación, dice que Bogotá es la capital de la República y del departamento de Cundinamarca. Para excluir luego a sus habitantes de la elección de su gobernador y de sus diputados, lo que es totalmente aberrante, antidemocrático e inconsecuente.

Se proclama la relación pública unitaria

Pero se crea una constelación de entes territoriales autónomos. No para establecer el federalismo que a pesar de todos sus horrores sería un mal menor, sino para sumirnos en el feudalismo, agravado con la sustitución de los barones electorales por unos nuevos barones territoriales (los gobernadores y los principales alcaldes), cuyas inestables alianzas clientelistas determinarán a los futuros presidentes.

Quienes conocen el grado intolerable de corrupción y de mala administración que padecen los municipios, sobre todo a partir de la elección popular de alcaldes, se asustan de las enormes transferencias a esos entes.

En vez de implantar una correcta administración. Basada en la actualización de los catastros y el correcto recaudo de las rentas, los alcaldes y gobernadores verán crecer automáticamente sus ingresos. Entre tanto, mientras la nación entrará en una etapa de frecuentes reajustes tributarios para pagar, con la penuria de los contribuyentes, la largueza de los constituyentes.

Se predica la prevalencia del derecho internacional

Pero se niega la extradición hasta del colombiano que haya cometido un homicidio en el Zaire. Anulando el tratado de Montevideo y rebajando, aún más, nuestro prestigio internacional.

Anotamos finalmente otra de las grandes contradicciones de una Constitución que pregona los valores de la educación y la cultura. En Colombia, solo un 39 % de los bachilleres entran a la universidad como lo informan los diferentes estudios de la Pontificia Universidad Javeriana.

Sin embargo, en la flamante Constitución Política de Colombia no se premia el estudio. Para ser alcalde, gobernador o director de establecimiento público, basta con tener 18 años. Para ser representante a la cámara 25 años. Treinta para ser senador o presidente, aun sin saber leer o escribir.

Con estos y muchos otros deslices, los aciertos de la Carta en materia de control fiscal, presupuesto, planeación y banca central, no alcanza para balancearla.

Por eso las elecciones del 29 de mayo son cruciales. Si los elegidos ese día continúan por la pendiente demagógica y macondiana que inspira la Constitución, el futuro de Colombia estará en grave peligro.

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Mayo
01 / 2022

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