Política y religión ¿estará la autoridad de la ley en cómo se legisla?

Aprender a escuchar, producir argumentos, evaluar su fuerza y someterse a ella, sería otra cara de la clásica función básica del Estado: proteger la vida de cada uno de los ciudadanos.

Publicado originalmente en Revista Diners No. 423 de Junio 2005

¿El Estado constitucional liberal, democrático y pluralista se justifica por sí mismo, o para justificarse y motivar necesita acudir a tradiciones como la católica? Hace un año y medio el hoy papa Benedicto XVI discutió cuidadosamente esa pregunta con Jürgen Habermas, importante filósofo alemán contemporáneo. La discusión tiene dos consecuencias tremendas para Colombia: desde ambas posiciones es crucial cómo se legisla y hay un núcleo de garantías que las mayorías ya no pueden recortar.

Pregunta de partida: ¿el carácter obligante que hoy le otorgamos al Estado liberal y democrático moderno proviene de sus propios principios, procedimientos y reglas? ¿O por el contrario, deriva su carácter obligante de una o varias herencias externas?

La respuesta de Habermas, simplificada, es que los principios y procedimientos del Estado liberal secularizado encuentran su fundamento en las estructuras comunicativas de la vida cotidiana. Cada ser humano es un hablante que al comunicarse pretende validez, y cada una de estas pretensiones puede ser problematizada y discutida con argumentos, primando a veces la actitud cooperativa y ateniéndose las partes a plegarse a la fuerza de los argumentos e ignorar cualquier “argumento” de naturaleza distinta. Todos tenemos la experiencia de conversaciones en que la fuerza del argumento ha neutralizado totalmente el argumento de la fuerza. Ahí estaría el fundamento del Estado contemporáneo, democrático y pluralista.

Sin embargo, Habermas reconoce que el Estado contemporáneo es post-secular y que su fundamento racionalista – y su correlato, la razón científica- tienen que aprender no solo a respetar cosmovisiones religiosas como la católica sino también reflexionar sobre sus propios límites. Acepta así que ciencia y religión tienen que explorar cada una críticamente sus propias limitaciones y no pueden caer en el facilismo de las mutuas descalificaciones globales.

Los procesos democráticos se aceptan como un procedimiento legítimo para formar leyes porque corresponden a la “formación de una opinión y de una voluntad inclusiva y discursiva”. Por ello cabe suponer que las leyes son racionalmente aceptables y persuasivas y para ser obedecidas no dependen centralmente de éticas pre-democráticas o del miedo al castigo.

(Obviamente cuando el proceso legislativo se distorsiona porque hay voluntades influidas por el intercambio de gabelas o favores, se va a tierra esta fuente de autoridad de la ley y se vuelve muy difícil explicarle a la sociedad que la ley aprobada es lo más racional que en debate público y en debate de representantes elegidos para tal fin logró un consenso racional por parte de una mayoría ocurriendo además el debate público el proceso de legislación dentro de un marco constitucional a su vez establecido de manera legítima).

Para Habermas el poder del Estado no es simplemente pre-existente y luego “domado” por las limitaciones introducidas por la Constitución; el poder del Estado es constituido y producido por la misma Constitución que los ciudadanos se han dado. La discusión de los distintos dilemas políticos (como el desmonte parcial del Estado de bienestar, la guerra de Irak, el desmonte del servicio militar obligatorio, las políticas de migración) adquieren su pleno sentido a la luz de los principios constitucionales. Se puede reconocer que una religión común, un idioma común, el renacimiento de una conciencia nacional, ayudaron a “generar una solidaridad cívica altamente abstracta”. Pero hoy las mentalidades republicanas se agarran de la Constitución, y según Habermas “se han desprendido entretanto en gran medida de los anclajes pre-políticos”, y el patriotismo ya no es nacionalista sin constitucional.

Monseñor Ratzinger, entonces cardenal, empezó destacando dos desbordamientos de la razón científica: la posibilidad de destruir el mundo y la de convertir el ser humano en producto configurable a voluntad por la manipulación biológica. Así como desde hace muchos siglos la religión se ha sometido a un análisis crítico de la razón, el propio despliegue de la disponibilidad tecnológica tiene que someterse a una reflexión crítica interna y externa. Su argumento además es muy claro: ciencia y religión católica son apenas dos voces (definitivas para Occidente pero en la práctica no universales) en un mundo que se reconoce y se quiere intercultural y donde el Islam, el hinduismo y las culturas indígenas, por ejemplo, también pretenden verdad y además cargan internamente, a su manera, variantes conservadoras y de entusiasmo con la disponibilidad científico- tecnológica.

El ex Papa muestra que la democracia ha sustraído algunos temas a la contingencia de una posible decisión democrática. Bajo la presión de las dolorosas experiencias aprendidas por las locuras de la Europa fascista, los pactos internacionales han constitucionalizado ciertos derechos para que ninguna mayoría pueda imponer retrocesos. Así, los derechos humanos fundamentales se convirtieron en un logro irreversible de la democracia que no se podría revertir ni siquiera acudiendo a los procedimientos democráticos. Esto significa la protección irreversible de las minorías y de la ciudadanía en general. Esto a pesar de notorios retrocesos recientes en la constitucionalización del derecho internacional (cuando por ejemplo los Estados Unidos no firman el tratado de minas antipersona o el Tratado de Roma por el cual se establece la Corte Penal Internacional).

Habermas piensa que estamos frente a una pregunta empírica abierta. Cabría, al menos por ahora, reconocer que las tradiciones religiosas han aportado y aportan al universalismo, a la igualdad de la dignidad humana, por ejemplo. Al mismo tiempo cabe pensar que el Estado democrático pluralista podría sobrevivir amparado exclusivamente en su fundamento comunicativo. A pesar de pensar así Habermas invita a que las tradiciones religiosas y los conciudadanos creyentes “hagan aportes a las discusiones públicas, aun en lenguaje religioso”.
Ambos interlocutores reconocen que la ley tiene que conectarse bien con la cultura. Para el entonces cardenal, la pregunta sobre lo que es en el fondo, en un determinado contexto, lo bueno “y por qué uno debería hacerlo aun en perjuicio propio”, es una pregunta fundamental que se mantiene sin respuesta. Para él es función de la política poner el poder bajo el imperio del derecho, y la violencia no es más que “el poder sin derecho y contrario al derecho”. Los procesos democráticos de formación de una voluntad colectiva son los que hacen posible que el derecho no sea simplemente el instrumento de poder de unos pocos. Y “la garantía de la colaboración común en la formación de la ley y en la administración justa del poder es la razón fundamental para hacer de la democracia la forma más apropiada de ordenamiento político”.

Ratzinger dice también que las mayorías pueden ser ciegas o injustas y que las bases éticas del derecho, presentes en lo que hoy se recoge en el núcleo duro de los derechos humanos fundamentales, corresponden a la naturaleza del hombre. Por su sola pertenencia a la especie humana, un ser humano es sujeto de derechos. Resulta paradójico: el filósofo detiene su fundamentación en una razón encarnada en los procesos comunicativos que hoy podrían autosostenerse. Y el líder religioso la detiene en una consideración de la naturaleza humana.

En fin: soplan vientos de tolerancia y hay mutua invitación a reflexionar sobre los propios límites y oír voces de terceros. El fundamento normativo del Estado democrático liberal, más que de un legado externo (religioso o natural), provendría de la diferenciación de pretensiones en la comunicación y de la capacidad creciente de construir argumentos sólidos, identificarlos y plegarse a su fuerza. Para eso se necesita que los procesos de creación y aplicación de las leyes no sean interferidos ni por maniobras ni por manipulaciones.

La reforma política debe prolongarse en una reforma de la cultura política que vuelva imposible la negociación del voto y que reenlace el poder de la fuerza y de la mutua amenaza por la pura deliberación pública y el fortalecimiento de la capacidad de generar, reconocer y acatar argumentos fuertes.

Contra la idea de que la naturaleza última del Estado es la fuerza pura (que por lo tanto necesita una justificación externa, religiosa o no) cabe imaginar la idea de que el Estado es una de las más complejas construcciones comunicativas humanas. Y la naturaleza última del Estado contemporáneo y futuro sería gradualmente reconocida, a medida que se superan sus imperfecciones, no como basada en última instancia en el argumento de la pura fuerza sino en la pura fuerza del argumento.

Aprender a escuchar y producir argumentos y evaluar su fuerza y someterse a ella, sería así, ni más ni menos, la otra cara de la clásica función básica del Estado: proteger la vida de todos y cada uno de los conciudadanos. Y tiene lógica: para argumentar hay que estar vivos; y solo argumentando adecuadamente lograremos estándares deseables de protección a la vida.

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